Las últimas reformas introducidas en el Código Penal, hacen responsables penalmente a las personas jurídicas, por los delitos cometidos por sus directivos y empleados en los casos en que la empresa no disponga de un modelo de prevención y detección de delitos, incumpliendo la obligación de establecer medidas de vigilancia y control para evitarlos.

Con objeto de dar cumplimiento a la vigente normativa legal, ayudamos a desarrollar manuales y normativas internas personalizados, que  permitan asegurar la exención de responsabilidad penal de la empresa, evitando la extensión de la misma a directivos o administradores por no haber realizado una adecuada prevención y control.

Desde Moore  hemos desarrollo una metodología para establecer sistemas de compliance, que puedan ser implementados de una forma real, práctica y sencilla en cualquier tipo de empresa.

Ventajas de implantar sistemas de gestión de compliance en la empresa:

1. El disponer de un sistema de gestión de compliance puede evitar que la empresa pueda verse incursa en un proceso penal si uno de los empleados cometiese un delito.
2. Evitar, como consecuencia de incurrir en responsabilidad penal, ser  condenada al pago de elevados costes (multas, sanciones, honorarios abogados…) y a la prohibición de concurrir a concursos públicos o contratar con la administración.
3. Disuade a los empleados de cometer conductas ilícitas.
4. Permite detectar conductas dolosas o negligentes de los empleados, reduciendo el riesgo de que se repita.
5. La existencia de un sistema de gestión de compliance es valorada por el Ministerio Fiscal, antes de iniciar un proceso penal.

Desde Moore ofrecemos la posibilidad de externalizar actividades de la función del compliance officer, de forma que la empresa obtenga un mayor nivel de eficacia y eficiencia en el desarrollo de dichas actividades, y permita garantizar unos mayores niveles de independencia y confidencialidad.

Mediante la aplicación online que hemos desarrollado, les facilitamos una gestión documental de las actividades de compliance, de forma que permita acreditar las evidencias para que puedan servir de elemento de prueba, de que la implantación del sistema ha sido previa a la comisión del delito, tal y como requiere la legislación vigente, (cabe recordar que la carga de la prueba de su implantación para la exención de responsabilidad penal recae sobre la empresa).